La Cámara de Senadores convocó al secretario de Salud Mental, Martín Teruel y a la coordinadora interministerial de consumos problemáticos, Alba Quintar, a una reunión para abordar la creciente problemática de las adicciones en Salta y para analizar el proyecto de ley de Emergencia.

Quintar, de quien desde diciembre cuando fue designada y hasta la fecha, sólo se supo que se fue de vacaciones horas después de asumir en el cargo, resaltó que su cargo es coordinado desde la Jefatura de Gabinete, dijo que la tarea central es “articular las políticas públicas para salir de un esquema de compartimentos estancos”, para luego indicar que los esfuerzos aislados “resultan insuficientes ante la magnitud de la problemática”.

Tras ello, la funcionaria del cargo inventado a fines del año pasado, dejó en evidencia el aislamiento que existe entre los compartimentos estancos. Veamos:

A la hora de referirse al proyecto de ley de Emergencia sociosanitaria en adicciones, Alba Quintar indicó: “no considero que haya que endeudarse, hay que hacer respetar la ley nacional de Salud Mental, a la cual la provincia ha adherido, que destina el 10 por ciento del presupuesto abocado a la salud, en salud mental. Creo que de ahí deberíamos considerar logar los recursos para avanzar en los planes para este año”.

Si Quintar propuso hacer respetar la Ley nacional de Salud Mental, el secretario de Salud Mental del ministerio de Salud de Salta, propuso lo contrario.

Contrariando a Quintar, Martín Teruel declaró: “Es muy difícil que puedan retirarse dentro del sistema de Salud, partidas para reasignarse a salud mental, porque el sistema de salud pública está recibiendo demanda de todas las especialidades, desde pediatría hasta cirugía, hay que reasignar partidas desde otras áreas y desde otros espacios y eso requiere de una ingeniería muy particular”.

Como se advierte, en la primera oportunidad, la política provincial de salud mental y adicciones evidencia una descoordinación que va mucho más allá de lo discursivo y tiene lugar pese a haberse conformado la costosa estructura de coordinación interministerial.

Lo evidente quedó expuesto: ante el desesperado y angustiante drama de las adicciones, que asola a los jóvenes de barrios populares de toda la provincia, la respuesta del gobierno de Sáenz es improvisación, creación de cargos costosos y funcionarios sin idoneidad.

Fuente : Opinorte.