"En ese momento había mucha gente esperando para adquirir las ofertas semanales en productos de carnicería. Soy jubilada, tengo 73 años y una discapacidad motriz que me impide estar de pie por mucho tiempo. Me acerqué primero hacia el carnicero y le exhibí mi Certificado Único de Discapacidad (CUD) para que por favor me atendiera, ya que me sentía descompuesta y no podía estar más tiempo de pie. Pese a suplicarle, no hubo respuesta favorable. Solicité hablar con el gerente encargado, quien se presentó y me dijo, en un tono muy burlón, que ahí no tenía validez el carnet de discapacidad", expresó la damnificada.

Ante las circunstancias, y luego de esperar más de dos horas para ser atendida, la mujer decidió retirarse del lugar. Finalmente, cayó descompuesta y, afortunadamente, fue asistida por transeúntes que circulaban por la zona. Los testigos solicitaron inmediatamente una ambulancia al sistema de emergencias 911 y la jubilada fue trasladada hacia el hospital zonal.

Derechos vulnerados de las personas con discapacidad

Las personas con discapacidad tienen el derecho legal a la atención prioritaria, preferencial e inmediata en bancos, comercios, sanatorios y oficinas públicas o privadas. Esto significa que están eximidas de realizar la fila general que hace el resto de los usuarios.

En Argentina, este derecho se sustenta en normativas nacionales de accesibilidad (como la Ley Nacional Nº 24.314), regulaciones específicas del Banco Central y diversas leyes provinciales o códigos contravencionales de atención prioritaria (por ejemplo, la Ley Nº 14.564).

Nos preguntamos: ¿dónde están los responsables de controlar esta situación? ¿Dónde está Defensa al Consumidor y los organismos encargados de las inspecciones pertinentes en estas grandes cadenas de supermercados?